La existencia de sobornos de por lo menos 92 millones de dólares ya ha sido confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quienes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios y cuál es el daño económico total causado al país.
Las leyes dominicanas obligan al sobornador, en este caso Odebrecht, a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían 184 millones de dólares, a lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos.
Por lo tanto el Estado dominicano debe reclamar por lo menos 346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores.
La pretensión de ocultar los pagos por sobornos bajo el concepto de honorarios profesionales recibidos por representación comercial, obliga a las autoridades a identificar en qué cuentas se recibieron tales valores, y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal.
Sería absurdo que si la Odebrecht pagó comisiones legítimas, lo admita ahora como soborno, una práctica condenada en las legislaciones y tratados internacionales. Y más aún, que acepte pagar por ello una multa tan elevada como la acordada con la justicia norteamericana.
Las autoridades nacionales deberían seguir el enérgico curso marcado por otros países donde ya la empresa brasileña se ha comprometido a devolver las sumas involucradas, y en el INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS.- caso de Colombia, además, han sido identificados y apresados los receptores de la coima, que allí fue de 11 millones de dólares.
El Congreso Nacional debe crear una comisión especial para investigar el escándalo y la Dirección General de Compras y Contrataciones debe iniciar de oficio una investigación de todos los procesos de licitación en que intervino Odebrecht.
Así mismo deben seguirse todos los mecanismos institucionales, incluyendo la posibilidad de contratar auditores y expertos que realicen una auditoría independiente no solo a los procesos de licitación y adjudicación, sino también a los procesos de ejecución de todas las obras involucradas, y de manera particular a las variaciones de los precios de las mismas -durante su ejecución.
Es relevante que se trata del segundo escándalo de pago de sobornos en el país establecido por la justicia de Estados Unidos en pocos meses, y que el anterior, correspondiente a la compra de los aviones Tucanos, no ha tenido mayores consecuencias ni esclarecimientos.
El caso Odebrecht debe servir de punto de partida a un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía para poner fin a la cultura de la corrupción e impunidad que ha arropado las contrataciones públicas y muchas otras actividades en el país y el Presidente Medina debe asumir el liderazgo de estos esfuerzos.
Pero el sistema de impunidad prevaleciente en el país sólo comenzará a ser revertido en la medida en que la ciudadanía, las organizaciones sociales, y los medios de comunicación mantengan un firme reclamo sobre un sistema político atrapado por la corrupción, el clientelismo y el rentismo.-
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