La sentencia 168-13 evacuada
por el tribunal Constitucional de la República Dominicana que establece que no
son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país, es una
guillotina afilada para dos cuellos, según los análisis que se pueden
desprender de los hechos que anteceden a esta.
Los hechos que han dado
origen a esta sentencia están muy lejos de lo constitucional y sobre todo de la
intención primera de hacer daño a los descendientes de extranjeros que han
nacido en tierras Dominicanas.
Síntesis
:
en el año 2011 al momento de ponderar candidatos para la conformación del tribunal
constitucional que cumplirá dos años el próximo 28 de diciembre del 2013, la discusión
nacional era entonces sobre quienes debían ocupar los escaños en este tribunal,
siempre bajo la premisa de que se trataría de devolver favores políticos con
los nombramientos o de asegurar poder en esta instancia por si los vientos de
la suerte soplaran contrarios a quienes habían gobernado en el cuatrienio
anterior al 2012-1016, al parecer se pudieron combinar ambos factores y así se
conformo el tribunal compuesto por trece jueces.
El primer año de ejercicio pasó
sin penas ni glorias, pero llego el momento de ser llamados a realizar un
trabajo que ha logrado convertirse en poco tiempo en la noticia que ha
acaparado la mayor cantidad de espacio en los medios de comunicación desde el
caso de Quirino o el de Figueroa Agosto. Esta sentencia es sin lugar a dudas
una obra maestra de la perversidad no solo por lo que es visto sino y más bien
por lo que oculta.
Datos: Según el
análisis de la Cámara de Cuentas, realizado sobre la base de las informaciones
suministradas por las instituciones públicas, los gastos y las aplicaciones
financieras devengadas por el gobierno central en el ejercicio fiscal
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, ascendieron a
RD$510,058.10 millones, los cuales estuvieron compuestos por RD$447,429.3
millones de gastos corrientes y de capital, un 19.4% del PIB, y una ejecución
de 119.6% del presupuesto original y
de 99.2% del vigente. Para aplicaciones financieras se erogaron RD$62,628.8
millones, equivalentes al 12.28% del total de las erogaciones y un 2.7% del PIB
.
El nivel
de cumplimiento de la ejecución general del presupuesto de gastos de 2012, con
respecto a su monto original y al vigente, fue de 118.6% y 99.2%, respectivamente. Cuando se señaló el índice de
ejecución por grupos se comprobó que los gastos sin aplicaciones financieras
alcanzaron un 119.6% con respecto al
original y 99.2% con relación al vigente; en tanto que las aplicaciones
financieras, por su parte, registraron un índice de ejecución de 112.2% del original y 99.0% del
presupuesto vigente.
Datos: Noviembre 10/2012,
La encuesta Penn, Schoen & Berland reveló que la popularidad del
expresidente Leonel Fernández ha disminuido de un 43 por ciento en el mes de abril a un 29 en octubre. Mientras aumentó la popularidad del presidente
Danilo Medina al pasar de un 47
a un 54 por ciento, en el mismo
período de tiempo. Esto según la encuesta que publicó hoy la revista La Lupa
Sin Trabas.
Abril 11/2013 una encuesta publicada por la Consultora Mitofsky valoró a
Medina con un 89% de aceptación de
sus conciudadanos, solamente superado por Rafael Correa, presidente de Ecuador,
con un 90%. Correa ganó en primera
vuelta las elecciones y logró su reelección.
Conclusión: Fuera
de lo que se encuentra escrito en la sentencia debemos observar lo que no se
muestra.
Primero: que es
una medida tomada para lograr distraer la atención del mundo sobre los casos de
corrupción del último año de gestión de Fernández.
Segundo: es un
artificio para acorralar al presidente Medina colocándole ante una situación donde
tiene todas las de perder, si acata sentencia tendrá de frente la comunidad
internacional y a miles de Dominicanos e instituciones que defienden los
derechos ciudadanos. De no acatar la sentencia entonces estaría entrando en contradicción
con el tribunal constitucional y desafiando la autoridad de la cual esta
investida por la constitución.
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