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| Miembros del Consejo Directivo de PC. |
En el ámplio documento, la entidad de la sociedad civil critica varios hechos de la historia reciente en los que se dieron varios fallos históricos, que iniciaron la actual ola de corrupción que hoy impera en el importante poder del Estado.
A continuación el comunicado completo:
LA CRISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA LA RETROTRAE A TIEMPOS QUE SE PENSABAN SUPERADOS
ABARCA NO SOLO A LOS JUECES SINO TAMBIÉN AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LOS ABOGADOS
LA SOCIEDAD DEBE APROVECHAR EL MOMENTO PARA FRENAR EL RETROCESO Y RETOMAR EL PROCESO DE REFORMA DE LA JUSTICIA
ES
URGENTE UNA CUMBRE PARA EVALUAR LA CRISIS Y EL SISTEMA DE JUSTICIA, SIN
DESCARTAR LA CONVOCATORIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Los
acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que el retroceso
del sistema de justicia es mucho más grave de lo que se pensaba, y lo
que comenzó con el interés de partidos y líderes políticos por controlar
los tribunales para asegurar impunidad, se ha expandido a la venta de
sentencias al mejor postor, como en los peores tiempos de Balaguer.
Con
la elección de la Suprema Corte de Justicia en 1997, protegida por los
conceptos de carrera judicial e inamovilidad absoluta consagrados en la
reforma constitucional de 1994, se inicia un proceso de reforma judicial
que se ve amenazado cuando el entonces presidente del más alto
tribunal, Jorge Subero Isa, abandona su criterio de que solo jueces de
carrera sean designados y pacta en el año 2001 con el presidente
Hipólito Mejía la repartición de las tres posiciones vacantes.
En
el año 2008 el caso de la Sun Land, movido por el interés político
partidario, fracciona en tres a la Suprema Corte de Justicia y se inicia
un franco retroceso en el sistema de justicia que tiene su punto
culminante cuando el pacto de las corbatas azules logra una reforma
constitucional que elimina la inamovilidad absoluta para los jueces de
la Suprema Corte de Justicia, lo que permite en el 2011 la recomposición
de la misma y su control por parte del partido en el poder y sobre todo
de su principal líder en ese momento.
El
escándalo que ahora se destapa descubre un entramado organizado con
ayuda de un miembro del Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de
impartir instrucciones a los jueces en aquellos casos de interés
político, que posteriormente se extiende al simple negocio de venta de
sentencias a cambio de dinero.
Las
pocas evidencias que han sido expuestas a la opinión pública señalan a
Francisco Arias Valera, entonces juez y miembro del Consejo del Poder
Judicial, como la persona que facilitaba desde el Poder Judicial el
contacto con los jueces. Este consejero ya había sido denunciado por
prácticas parecidas en el año 2013 por el magistrado José Ignacio
Medrano Quéliz y por la magistrada Santa Moreno, y más tarde, este
mismo año, por la magistrada Ysis Muñiz, por posiciones contrarias a la
ética. En ninguna de las tres ocasiones el Consejo del Poder Judicial
hizo absolutamente nada.
Una
de las evidencias, es un recibo en el cual la magistrada Awilda Reyes
Beltré devuelve al magistrado Arias Valera la suma de RD$350,000.00
que ella había recibido de él mismo para liberar a un regidor preso por
sicariato, documento que sorprendentemente se encuentra firmado por
ambos, y en algunos medios se ha publicado que fue en presencia del
presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se inhabilitó como
juzgador en este caso, pero no como testigo de lo ocurrido en las
reuniones que sostuvo con la magistrada.
La
Procuraduría General de la República ha identificado siete jueces
involucrados en este entramado ilegal, sin que se sepa en este momento
cuántos son realmente los que forman parte del mismo ni cuántos casos se
han resuelto bajo estas condiciones.
Pero
no se trata solo del Poder Judicial, pues otras dos columnas del
sistema de justicia han mostrado debilidades que contribuyen no solo a
la impunidad en materia de corrupción pública sino a su deterioro y
consecuente pérdida de credibilidad. Nos referimos al ministerio público
y los abogados.
Por
un lado, está el ministerio público con la preparación de expedientes
débiles, con errores que demuestran la necesidad de una mejor
preparación de sus miembros, y con su débil posición ante el poder
político, como lo demuestra la decisión injustificable del Procurador
General de la República de no recurrir en casación el no ha lugar que
favoreció al senador Félix Bautista.
Cuando
se trafican sentencias, no en todos, pero en muchos casos, existe la
participación o por lo menos complicidad, por acción u omisión, de los
abogados del caso, lo que demuestra que también deben investigarse las
responsabilidades de los profesionales del derecho. Que la justicia sea
corrupta no justifica nunca que el ejercicio del abogado tenga por igual
que corromperse.
Lamentamos
la rueda de prensa del magistrado Mariano Germán, presidente de la
Suprema Corte de Justicia, pues no informó a la sociedad todo lo que
conocía, como por ejemplo las evidencias que poseía contra el ex
consejero Arias Valera, a quien en vez de someter a juicio
disciplinario, prefirió obligarlo a renunciar, pretendiendo inútilmente
sacar el escándalo de la esfera del Poder Judicial.
Los
hechos denunciados deben mover a todos los actores del sistema,
incluyendo sobre todo al Consejo del Poder Judicial, a investigarlos
hasta las últimas consecuencias y corresponde al ministerio público
someter a la justicia penal a todos los involucrados, tanto a lo interno
como a lo externo del Poder Judicial. No se puede pretender cerrar este
escándalo, condenando solo al eslabón más débil de la cadena, en este
caso la magistrada Awilda Reyes Beltré, quien también debe asumir su
responsabilidad penal, pero conjuntamente con todos los demás, sobre
todo aquellos que actúan desde fuera del Poder Judicial, corrompiendo a
jóvenes jueces en los que se ha invertido recursos públicos en su
formación.
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