SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- La Cancillería de la República Dominicana ha
analizado las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), emitidas tras la conclusión de su misión a la República
Dominicana.
Tras
conocer el comunicado del CIDH, la Cancillería manifiesta su disconformidad y
desagrado con el informe vertido, por considerar que muestra una versión
subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país.
Asimismo, "reiteramos nuestro
compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos
fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida
por el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, recordamos una vez más que el
gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por tanto,
acata lo estipulado por el Tribunal".
Agradecemos la mención que la CIDH realiza en torno a los
avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la
protección de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo,
lamentamos el escaso reconocimiento y relevancia que la Comisión otorga a los
esfuerzos realizados por el gobierno para alcanzar una solución justa y legal a
la situación planteada por dicha sentencia.
Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de
Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda
la población residente en nuestro país.
Se cumple, así, el objetivo de
dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional,
para los extranjeros en situación migratoria irregular. Esto permitirá, tanto
ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los extranjeros en
territorio dominicano, independientemente de su país de origen.
Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar la seguridad
jurídica de todos los individuos en nuestro país, el gobierno trabaja en
medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización
Especial.
"Queremos también señalar
que, si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de
racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en
ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones
representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación,
si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en
cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que
incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse".
Así mismo, reafirmamos que cualquier víctima de abuso o
discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para
denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de
Derecho.
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