Por Santo Domingo Guzmán
Imágen oficina. Fuente: Acento |
Es lamentable que uno tenga
que hacer éste tipo de señalamiento sobre entidades que están llamadas a
contribuir al desarrollo empresarial y comercial del país, pero lo decimos con
propiedad y con las pruebas que poseemos, por si tenemos que demostrarlo ante
cualquier entidad estatal o privada.
Lo que señalamos en el
presente título se basa en que ésta entidad, ubicada en la esquina formada por
la 27 de febrero con Alma Mater, se ha constituido en una estafadora y una real
retranca para los que se atreven a emprender alguna empresa o negocio.
Con lo primero que se
encuentra el osado u osada ciudadana allí, es con una serie de funcionarios que
te la ponen “en chino” con la documentación, con tal de retrasar el
otorgamiento del Registro Mercantil, facultad que le fue otorgada a estas
entidades a través de la Ley 3-02.
Sin embargo, la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, utiliza ésta facultad para “ponerla
dura”, como si se le hubiera dado la facultad de, en vez de agilizar y con ello
aportar al progreso del país, estafar a los usuarios, con altos costos, al
tiempo de hacer la vida imposible a los emprendedores.
Una de las razones por la
que decimos esto es porque ésta entidad no posee una real política de ayuda al
usuario, en vez de esto, posee un formulario con el cual obliga a estos a
llenarlo, pero no como dice el artículo 11 de la Ley citada, sino para “joder”
a los contribuyentes, pues en vez de abrir una ventanilla con funcionarios para
ayudar a los usuarios o contribuyentes, lo que hace es devolverle toda la
documentación a éstos cuando el formulario no es llenado como ellos les parece.
Ese no es el espíritu de ese
artículo, pues el mismo dice textualmente que “las cámaras de comercio
proveerán un formulario para facilitar
a los usuarios el suministro de la información necesaria”, sin embargo, ésta
cámara de comercio, en vez de facilitar, dificulta a los usuarios con el
obsoleto formulario, que lo poseen en la Web, con todas las dificultades del
mundo, pero entonces hay alguien cerca que cobra RD $150.00 por llenar el
susodicho formulario, lo que a todas luces, no es más que una mafia con la que
alguien se beneficia a lo interno de esa cámara.
Otra de las “cosotas” con
las que ésta cámara estafa a los contribuyentes es, por ejemplo, cuando un
expediente es devuelto por los supuestos problemas que ellos les parece, el
documento producido por el funcionario que devuelve la documentación es
devuelto en blanco, es decir, no es firmado por nadie, así, cuando a algún
usuario se le olvida traer la susodicha factura, confiando en que con el
documento que contiene los señalados problemas, se le va a recibir de nuevo el
expediente, se encuentra con que ese documento no es válido para reintroducir
la documentación de nuevo. De esta
manera, si eres del interior del país, y te falta pocos días para vencerse los
tres meses, que de manera ilegal, la entidad otorga para reintroducir la
documentación, sencillamente te “jodiste”, porque tendrás que pagar de nuevo para
reintroducir tu expediente.
Si esto no es robar,
entonces no se a que es que se le llama robar en éste país.
Otra forma clara e ilegal de
robar a los usuarios es con el famoso VIP, que poseen algunas entidades
oficiales. Tal es el caso de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Dirección General de
Pasaportes, la Dirección General de Migración, etc.
Estas entidades oficiales
poseen una tarifa fija para éste servicio, sin embargo, las apetencias de ésta
cámara no tiene límites. Ellos, como las
demás entidades citadas, también poseen el servicio, pero de que forma, fácil,
si pagaste diez mil pesos por la solicitud del Registro Mercantil, y desea
el servicio VIP, entonces tendrás que
pagar la misma taza, es decir, diez mil pesos, lo que constituye un robo a
todas luces.
Círculo
vicioso
Otro de los problemas con
que se encuentra el usuario de los servicios que mal brinda ésta cámara de
comercio, es el círculo vicioso al que someten los expedientes.
¿Cómo se da éste círculo
vicioso? ¡Muy sencillo!, en la mayoría
de los casos, los funcionarios que revisan los expedientes, no leen las
informaciones completas para señalar los supuestos problemas, por los cuales
devuelven esos expedientes, así cuando el usuario trae de nuevo el expediente
para su reintroducción, ahí lo recibe un funcionario distinto o el mismo
funcionario, que antes no leyó el expediente completo, por lo que luego
devuelve el expediente con nuevo problema, pues como no lo leyó completo antes,
o quien lo recibe, es un funcionario distinto al que lo devolvió, el que lo
revisa de nuevo encuentra nuevos “problemas”, lo que deja el expediente en un
limbo y al abogado como un charlatán frente a su cliente.
Un
claro ejemplo
Es prudente señalar aquí, la
forma como se ha venido manejando ONAPI, una entidad oficial que ha trillado un
camino interesante para los emprendedores.
Ésta entidad, que antes era
un real fracaso para las empresas en formación, ahora es un claro ejemplo para
el emprendedurismo en el país, lo que debiera ser imitado por la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo.
ONAPI, aparte de entregar
los correspondientes certificados de signos distintivos con una impresionante
rapidez, posee un servicio adicional para los usuarios, para los casos cuando
las informaciones requeridas para el otorgamiento de un nombre comercial, por
ejemplo, no están completas, ahí están varias computadoras y un funcionario que
le indica como llenar un formulario, el cual es impreso de inmediato, por lo
que el usuario se va de ahí satisfecho.
La Cámara de Comercio, en
cambio, si su absurdo formulario es llenado mal, devuelve el documento completo
y en vez de tener a alguien allí para llenar de forma correcta el susodicho, el
usuario tiene que irse de allí para la casa sin obtener el servicio, con todas
las molestias que esto representa.
El autor es abogado y periodista
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