Redacción WC
Participación
Ciudadana expresa su más rotundo rechazo a la sentencia 256-14 emitida por el Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional
el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
Esta decisión constituye el peor atentado al Estado de Derecho en la
Republica Dominicana de las últimas
décadas, superando al fraude electoral perpetrado en el año 1994 que conmovió al país y al mundo y obligó a una salida que permitiera
volver al Estado de Derecho.
Mediante esta vergonzosa
sentencia, violatoria del derecho internacional, de los derechos humanos, de la
Constitución de la República y de la propia Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, se pretende arrastrar a todo el pueblo dominicano a una situación de indefensión con tal de
eludir los efectos creados por la decisión del Tribunal
Constitucional y de la Junta Central Electoral de despojar de su nacionalidad a
decenas de miles de dominicanos descendientes de extranjeros establecidos en el
país.
La sentencia TC
256-14 ha concertado el repudio
generalizado del mundo y de las fuerzas democráticas e institucionalistas del
país, porque pretende dejar a dominicanos y dominicanas sin la única instancia
verdaderamente independiente en la protección de derechos humanos, en un país históricamente
sometido al abuso, el crimen de Estado, la arbitrariedad, el despojo de
derechos y una larga lista de violaciones.
La Convención
Americana de los Derechos Humanos fue debidamente aprobada por el Congreso
Nacional mediante Resolución No. 739 de fecha 25 de diciembre de 1977 y
publicada en la Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978, bajo un
régimen que se había caracterizado por las constantes violaciones a estos derechos. Es una vergüenza que 36 años
después, luego de tantas luchas y afanes por construir una sociedad democrática
de derecho, se pretenda despojar a este pueblo de una prerrogativa de la que
gozan los países democráticos y que fue
establecida precisamente para proteger a las personas más vulnerables contra los abusos del poder.
El Partido de
la Liberación Dominicana que, a través de diferentes voceros y dirigentes ha
estado impulsando y apoyando esta serie de despojos, debería sopesar bien las
implicaciones que tienen sus decisiones y el derrotero por el que están conduciendo
al país, pues las consecuencias que
traerá esta decisión sólo benefician a los mismos que siempre han abusado de este pueblo,
es decir, a los sectores más oscuros que crecen a la sombra de un nacionalismo
que ha ganado fuerza en base a recursos sustraídos del erario público.
Participación
Ciudadana, exhorta al presidente Danilo Medina, a no permitir que su gobierno corra con la
responsabilidad de desvincular a los dominicanos del sistema interamericano, ya que
está bien claro y ha sido advertido de que el país no puede pretender que le permitan
mantenerse dentro de una convención internacional sin cumplir con los
compromisos que conlleva y en este caso,
sin someterse a los órganos establecidos en la Convención Americana.
La única
forma de que los países, las instituciones y las personas crezcan es haciendo
las cosas bien y si el presidente Medina se siente obligado a acatar esta
sentencia y salir airoso de esta difícil situación, debe enviar al Congreso
Nacional el instrumento de aceptación de la Corte IDH para la ratificación que
exigen los nacionalistas, toda vez que
la República Dominicana es una país donde las altas cortes e instancias
superiores del sistema de justica ordinario y constitucional, están controladas
por el partido en el poder y conformadas por allegados a un ex Presidente, que
actualmente lucha por volver al poder. En estas circunstancias, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, constituye la última garantía de ciudadanos
y ciudadanas.
El Estado dominicano está en la obligación
internacional de cumplir con las decisiones de la Corte IDH, particularmente en
los casos Yean y Bosica, Narciso González, y personas dominicanas y haitianas
expulsadas, y no puede argumentar circunstancias de derecho interno frente a
decisiones que le han sido desfavorables.
El movimiento
cívico no partidista llamó al pueblo a defender las conquistas que tanto
sacrificio y sangre ha costado y a
manifestar por todos los medios disponibles su decisión de avanzar hacia un Estado
social y democrático de derecho, donde se garanticen y protejan de forma
efectiva los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio dominicano.
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