Fuente: El Nuevo Diario
La
jueza interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito
Nacional, Tania Yunes, rechazó este viernes variarle la medida de
coerción impuesta contra el venezolano Carlos Guerrero Costa, vinculado a
un fraude por más de 1,500 millones de pesos en perjuicio de la
Dirección General de Impuestos Internos mediante de la alteración de
comprobantes fiscales.
La defensa del acusado solicitó al tribunal la
variación de la medida que consiste en una garantía económica de 3
millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica para
que no se escape a Venezuela.
“Hasta hoy he tenido que estar viendo al techo, porque no puedo ni siquiera ver a mi familia”, dijo Guerrero Costa.
Guerrero Costa, presidente de Atlas Marine, pidió
que se le variara la medida para así poder viajar a Venezuela, alegando
su derecho a darle abrigo, cobijo y soporte a su familia, “y ganarme la
vida, pues desde aquí (RD) no puedo ganarme la vida y menos mirando al
techo”.
“Yo exijo que de alguna forma se pueda revisar la
medida para hacerla más práctica, yo no puedo estar semanas esperando
que las ruedas de la justicia se activen para darme un permiso de
salida para salir y regresar, voy a seguir cumpliendo porque es mi mayor
interés”, dijo.
Guerrero Costa, quien tiene impedimento de salida,
dijo que tiene 120 personas dependiendo de él en Venezuela y
compromiso con sus hijas y con su esposa.
La jueza Yunes le explicó que en vez de solicitar
la variación de la medida, lo ideal es que la defensa solicite el
levantamiento del impedimento de salida.
La magistrada aconsejó a la defensa agotar las
formalidades para solicitar permisos de salida con la anuencia del
Ministerio Público y el actor civil, pero rechazó la revisión de la
medida de coerción, dejando abierta la posibilidad de que pueda
solicitar un permiso.
Guerrero Costa es procesado junto a Lizardo
Antonio Mata Ovalle, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras,
Carlos Guerrero Costas (prófugo), Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka
Núñez, Lourdes Liriano, por la alegada estafa millonaria al Estado
dominicano.
De acuerdo a la querella, los sometidos se
dedicaban a utilizar y omitir facturas fraudulentas con números de
comprobantes fiscales para reducir el pago de impuestos sobre la renta y
acreditarse de la manera irregular el ITBIS.
La investigación arrojó que desde el 2007 hasta
el 2010 los imputados se dedicaron a captar empresarios para
convencerlos de cómo reducir los gastos a través de maniobras
fraudulentas.
Están acusados de asociación de malhechores,
falsificación, lavado de activos y defraudación tributaria, así como
estafa contra el Estado.
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