Presidente JCE recuerda que la creación y garantías de los derechos tiene costos económicos

Dr. Roberto Rosario Marquez, foto/Archivo.

SANTO DOMINGO.-El Presidente de la Junta Central Electoral destacó la conveniencia de que los distintos actores del sistema democrático de nuestros países estén conscientes de que crear nuevos mecanismos para garantizar los derechos ciudadanos así como su implementación tiene un costo económico, el cual es pagado por los contribuyentes de una u otra forma.


Al exponer ante representantes de partidos políticos, de la sociedad civil de la República de El Salvador así como de presidentes y miembros de órganos electorales de varios países de América Latina, el doctor Roberto Rosario Márquez destacó que uno de los errores más comunes en estos procesos es que discutimos las  reformas políticas y electorales pero no discutimos sus costos.

Agrega que “con frecuencia, quienes coyunturalmente se sitúen en la oposición, y los propios organismos de la sociedad civil cuestionan la ejecución de la reforma, que en término conceptual y legal ha sido consensuada o ha sido apoyada, lo que motiva que quienes se encuentren en las funciones ejecutivas, a veces también se muestren reticentes a llevarla a cabo, debido a esta mala práctica y al costo político, prefieren invertir en las políticas públicas que piensan les proporcionan votos”.

Rosario Márquez  trajo a colación lo expuesto por los  escritores, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, en  su obra “El costo de los derechos; ¿Por qué la libertad depende de los impuestos?” en el que  sostienen que la libertad de expresión, la seguridad social, el debido proceso, el voto, son de los derechos más valorados, pero  advierten que no son gratuitos, que tienen un costo. Es decir, que se necesita dinero para ejercerlos.

El presidente de la  Junta Central Electoral, que  participa  en su condición de presidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales (AWED), en un seminario evaluativo  del pasado proceso electoral de El Salvador, afirma que el derecho al voto tiene costos, igual que cualquier otro derecho, como afirman los citados tratadistas, porque son los contribuyentes del Estado  quienes pagan los costos de imprimir las boletas electorales, los materiales de registros, es decir todo lo que implica montar un proceso electoral tiene sus costos

En ese sentido  manifiesta que “al hablar de reformas y de derechos, también debemos hablar de costos. Debemos estar claros cuál será el costo de esa reforma, y los alcances y limitaciones de las mismas estarán condicionadas a la capacidad del Estado de realizar esa inversión, y a la disposición del ciudadano de contribuir con esos impuestos, para perfeccionar el sistema político que le permite vivir en democracia”.

Agrega Rosario Márquez que  entre las reformas esenciales se encuentra la necesidad de aprobar leyes que permitan una financiación de la política y una organización de las elecciones, con uso de tecnologías que hagan del sistema electoral un instrumento eficiente para garantizar la participación política de los ciudadanos.

En otra parte de su intervención ante un  selecto público, en el que también estaban representantes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil,  el Presidente de la Junta Central Electoral  anotó que  una reforma que no contemple el uso de la tecnología en los procesos electorales, no es una reforma de estos tiempos, y que para utilizar modernas tecnologías, siempre será necesario hacer las inversiones necesarias  en ese sentido.

“No se trata necesariamente de dar un salto hacia el voto electrónico, que algunos países prefieren. Pero  al menos, se hace necesario garantizar mecanismos eficientes de escrutinio, de cómputos y divulgación de resultados”, agrega Rosario Márquez.

Resaltó que en países como los nuestros, de economías pequeñas y demandas insatisfechas, y con elevados niveles de pobreza, se requiere de mayores transparencia y eficiencia en los procesos, y se necesita garantizar la “legitimidad de origen”, que sirva para sustentar la gobernabilidad de las autoridades electas. Para ello, es necesario invertir en la eficiencia electoral, como vacuna a los conflictos generados por una administración electoral deficiente.

Es  por ello, sigue diciendo  Rosario Márquez, que como todos los fenómenos vinculados al quehacer económico, social y político, las reformas electorales corresponden a realidades culturales e históricas concretas, por lo que es necesario delimitarlas en su contexto.

A manera de sugerencia, el presidente  de la JCE comentó  que  “aunque los principios generales de la democracia son aplicables de manera universal, cada nación tiene su propia forma de manifestar su práctica electoral, de lo cual se consolidan culturas, que a la vez suelen depurarse gradualmente, en la medida que avanzan los retos históricos. De manera que siempre, al referirnos a este tema, nos cuidamos de  no  hacer planteamientos determinantes, como recetas funcionales en todos los escenarios”.
Fuente: El Nuevo Diario