Fuente: Diario Libre
Más de 60 organizaciones critican que algunas reformas aprobadas fueron incluidas a última hora.
WASHINGTON.-La OEA adoptó el miércoles un paquete de recomendaciones para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, las cuales fueron severamente criticadas por numerosas organizaciones no gubernamentales como debilitadoras para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente para la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, adoptó las recomendaciones después de que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa cuestionara en diciembre "grandes distorsiones" de la OEA y de la relartoría de la Libertad de Expresión, a la cual acusó de estar sesgada porque "está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea (UE)".
La relatoría sobre la Libertad de Expresión, encabezada por la colombiana Catalina Botero, ha emitido varios comunicados de prensa sobre Ecuador desde que la CIDH celebró el año pasado una audiencia sobre la libertad de expresión en la nación andina, gran parte de la cual giró en torno al juicio que Correa iniciará en contra del ex editor de opinión y tres directivos del diario El Universo a quienes la justicia en dos instancias sentenció a tres años de cárcel y al pago de 42 millones de dólares. La relatoría también se ha pronunciado recientemente sobre otros países como México y Brasil.
Una coalición de más de 60 organizaciones no gubernamentales criticó que algunas de las reformas aprobadas fueron incluidas en el debate "a última hora y sin posibilidad de participación de la sociedad civil", en una misiva enviada la víspera al embajador mexicano ante la OEA Joel Hernández, presidente del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que preparó la propuesta de reformas.
Hernández rindió en diciembre un informe oral sobre las recomendaciones del grupo especial, creado por el Consejo Permanente de la OEA en junio y que en principio estuvo presidido por el entonces embajador peruano ante la OEA Hugo de Zela, quien en noviembre asumió la jefatura de gabinete del Secretario General, José Miguel Insulza.
La embajadora ecuatoriana, María Isabel Salvador, admitió el miércoles haber solicitado algunas modificaciones después de que Hernández rindiera su informe oral.
La CIDH deberá sopesar ahora el peso político del documento acordado por consenso, cuando decida si adopta las recomendaciones y en qué medida.
Una recomendación muy criticada fue la de distribuir "de manera balanceada" los fondos entre las ocho relatorías de la OEA, porque actualmente la relatoría para la libertad de expresión es la única que cuenta con empleados contratados a tiempo completo, gracias a un presupuesto anual cercano a los 900.000 dólares aportado completamente por fuentes ajenas a la OEA.
Las otras siete relatorías están repartidas entre los siete integrantes de la CIDH, quienes trabajan a medio tiempo para la comisión, y disponen de presupuestos sustancialemente inferiores financiados directamente por la OEA.
Los representantes de Uruguay, Costa Rica, Panamá y Costa Rica advirtieron que la distribución presupuestaria balanceada entre las relatorías no debería significar pérdidas para la de libertad de expresión sino ganancias para las otras siete.
Salvador justificó la distribución equitativa de fondos al sostener que "tomará tiempo llegar a la meta de que el sistema interamericano sea financiado por completo por la OEA, así que el financiamiento externo deberá mantenerse algún tiempo. Pero eso no debe implicar que el financiamiento externo sea direccionado. Debe ser entregado de manera abierta a la comisión y a la corte, para que estos órganos hagan la designación, con su posterior rendición de cuentas".
La embajadora estadounidense Carmen Lomellin respondió señalando la necesidad de seguir permitiendo a los comisionados temáticos a acceder a fondos de la OEA y a donantes externos, pero al mismo tiempo describió como "clave que permitamos a estos órganos trabajar sin interferencias políticas".
Lomellin indicó que la adopción de estas recomendaciones "será difícil, sino imposible, si no hay un incremento sustancial en el presupuesto general" de la OEA, que aprobó en octubre un presupuesto para 2012 por 85 millones de dólares, monto similar al aprobado para 2011 y que significó una reducción de 4,8 millones respecto a los 90 millones de dólares que dispuso en el 2010, provocando 45 despidos.
Actualmente Estados Unidos aporta casi el 60% del presupuesto total de OEA, con su cuota anual de 48 millones de dólares.
Con un presupuesto anual de 10 millones de dólares, la mitad procedente de donantes externos, la CIDH ha reducido en los últimos dos años de 50 a 26 meses el tiempo que tarda en decidir si admite un caso.
La presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, dijo que el organismo evaluará formalmente las recomendaciones en marzo, cuando celebre su sesión formal, y que no tiene una fecha específica para decidir cuáles recomendaciones adoptará.
Otro punto álgido fue la recomendación de condensar los informes de las ocho relatorías en el informe anual que la CIDH rinde cada junio ante la Asamblea General, ya que los activistas advierten sobre las dificultades que implicaría resumir en ese documento el informe anual de la relatoría sobre libertad de expresión, que desde 1998 tiene una extensión promedio de 300 páginas.
El representante colombiano Luis Alfonso Hoyos justificó la recomendación al sostener que la CIDH debe tener reglas claras que definan cuándo son apropiados seguimientos especiales para que "no sea decisión de los comisionados y se entienda por qué se hace un seguimiento. Reglas claras evitan arbitrariedad".
La votación tuvo lugar durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente que reunió una convocatoria bastante mayor a la habitual, y que estuvo precedida por los severos cuestionamientos a las reformas expresados por decenas de organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y Ley Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
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