Ante
el comunicado de ayer 1 de mayo de la Comisión de Observación Electoral
de la Junta Central Electoral (JCE) Participación Ciudadana formula las
siguientes respuestas:
1.-
Se trata de un comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias,
elaborado con el claro objetivo de difamar a nuestra institución
pretendiendo presentar a PC y sus voluntarios como una red de
delincuentes. Rechazamos este propósito enérgicamente y exigimos el
respeto que merece una institución que tiene 19 años promoviendo la
democracia. Expresamos nuestra sorpresa por esos extremos y no logramos
entender por qué se ha puesto tanto empeño en desacreditar nuestra
institución y nuestra observación.
2.-
La lista de “inconsistencias” que la JCE alega haber encontrado en una
presunta muestra tomada de los 3,805 ciudadanos que han voluntariamente
sometido su solicitud de observar, a través de PC, está plagada de
errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a
cabo por el organismo.
a) Los
únicos nombres que se citan son dos personas que figuran como delegada y
suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación, Barahona, y
Cristóbal, de la provincia Independencia. La JCE omite decir que en su
primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17
ciudadanos por considerarlos vinculados a partidos políticos, de los
cuales 6 eran de la Unión Demócrata Cristiana, 4 de Dominicanos por el
Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD, PRSC, PDI y
PVUD. Es importante destacar que esta pequeña cantidad, por demás
insubstancial, se refiere a ciudadanos que en muchas ocasiones sólo han
figurado en elecciones anteriores como candidatos a regidores y vocales
de pequeños municipios y distritos municipales de diversas regiones, los
cuales conservan intactos su derecho a observar las presentes
elecciones.
b) Los
casos de antecedentes penales “de recientes sometimientos a la
justicia”, que no se identifican, por lo demás, violan el principio de
inocencia constitucionalmente consagrado.
c) Las
“varias personas” que cumplen sentencia en cárceles de Higuey y Cotuí
debieron igualmente haber sido identificadas por la JCE. Resulta
insólito que la JCE pretenda que Participación Ciudadana fue a las
cárceles a reclutar y a dar entrenamiento a observadores. Suministrar
los nombres de esos presuntos reclusos nos ayudaría a determinar cómo
llegaron sus solicitudes y quiénes firmaron y tramitaron los formularios
correspondientes, pues de lo contrario se alimentaría la idea de
infiltración maliciosa para tratar de desprestigiar nuestra organización
no partidista.
d) De
igual manera, la JCE omite mencionar por su nombre la persona que dice
no haber firmado el formulario de solicitud. Para PC es de sumo
interés que se divulgue el nombre para permitirnos descartar la
información recibida de que esa persona trabaja en la propia JCE.
e) Por
ultimo, resulta altamente preocupante que dentro de esas
“inconsistencias” se haga figurar el hecho de que existe un llamado
“Sistema de Investigación Criminal” que crea fichas desconocidas para la
ciudadanía, que pueden inhabilitarla para el ejercicio de sus derechos
ciudadanos, en franca violación a sus derechos fundamentales.
3.-
En ocho observaciones electorales la metodología de reclutamiento de PC
se ha fundamentado en la confianza en la ciudadanía. Los observadores
llenan un formulario cuyos datos verifican, de manera principal, que se
trata de voluntarios cuyos derechos ciudadanos están hábiles y por esa
razón figuran en el padrón electoral. Confiamos en el padrón electoral
para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera que la JCE
confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para votar.
PC no cuenta con organismos de seguridad que, a contrapelo de derechos
fundamentales y sobre todo, del principio de inocencia, recurren a
antecedentes criminales no validados por tribunales o crean fichas en un
llamado Sistema de Investigación Criminal cuya legitimidad la
ciudadanía desconoce.
4.-
No criticamos que la JCE investigue a nuestros observadores, pero
exigimos que lo haga de forma institucional, apegada a La Constitución,
y sobre todo de forma transparente, publicando los nombres,
identificando las condiciones que utiliza para inhabilitar a cada uno,
señalando los textos legales que establecen esas inhabilitaciones,
mostrando las pruebas que posee y respetando el derecho de defensa de
estos ciudadanos.
5.-
La JCE ha sometido a PC a un proceso discriminatorio, con
requerimientos especialmente diseñados para ella, tales como la toma de
datos biométricos y una obligación presencial innecesaria. La verdad es
que estos requerimientos, que no figuran en la Ley ni en el Reglamento
de Observación Electoral al cual PC ha dado estricto cumplimiento; que
no han sido exigidos a las decenas de miles de ciudadanos que integraran
los colegios, a los delegados de los partidos o a los observadores
internacionales, sólo tienen por objeto dificultar la labor de
observación de nuestra organización.
6.-
La obligación de ir a cada junta municipal a llenar nuevos formularios
no agrega ningún dato que ya no hayamos entregado a la JCE. Para
determinar si existían antecedentes judiciales, no era necesaria la
presencia de los voluntarios, tal y como lo demuestra la presunta
depuración que ha llevado ahora a cabo la JCE. Se trata de un nuevo
recurso de dilación y distracción, encaminado a desincentivar y
atemorizar a la ciudadanía para reducir nuestra nómina de observadores.
7.-
Reconocemos que en su Informe, por primera vez, la Comisión de
Observación Electoral ha finalmente accedido a la repetida solicitud de
PC de que se aclare la facultad reglamentaria de observar los colegios
electorales, además de los centros de votación y las juntas electorales.
En la comunicación de la JCE que aceptaba nuestra solicitud de
acreditación, fechada 21 de abril y entregada el 24, los colegios habían
sido omitidos, aún cuando son el núcleo fundamental de nuestra
observación y especialmente del conteo rápido que hacemos desde 1996.
8.-
La JCE llama a nuestros voluntarios a acudir, a partir del próximo
viernes 4 de mayo, a retirar su acreditación, siempre que la misma no
esté en discusión. Sin embargo, como la JCE no ha identificado la lista
de los “discutibles”, es imprescindible que esta publique, antes de esa
fecha, los nombres de las 188 personas que dice objetar y les otorgue
el derecho a defenderse. Urge que la JCE cumpla con este paso de
inmediato, para no continuar retrasando el proceso de observación de PC a
sólo 16 días de las elecciones y asegure la preparación diligente de
una logística que permita entregar, rápidamente, la acreditación a todos
los voluntarios cuyo derecho no esté en discusión o haya sido
exitosamente discutido. Igualmente solicitamos a la JCE habilitar los
días sábado y domingo para que nuestros observadores que no obtengan
permiso de sus empleadores, puedan acudir a retirar sus acreditaciones
en días no laborables.
9.-
Finalmente, PC deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el
derecho y el deber ineludible de observar las próximas elecciones con la
pulcritud y honorabilidad ciudadana que nos ha ganado prestigio
nacional e internacional. Llamamos a toda la ciudadanía, a las diversas
organizaciones sociales, políticas y religiosas a defender la
observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y reconocido
en todas las naciones democráticas.-
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