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Fuente: almomento.net/news/127/ARTICLE/101960/2011-12-12.html
Los querellantes acudieron al tribunal para que éste ordene al mandatario, mediante sentencia, la destitución del incumbente de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla.
Entre las entidades que sometieron la medida están la Central Institucional de Trabajadores Autónomos, el Movimiento TOYJARTO Pero Creo en mi Pais y Lucha X tus Derechos.
Como accionantes figuran Reemberto Pichardo Juan, Hermes Guerrero, Alejandro Paulino, Maredi Arteaga, Alexander Mundaray, Elizabeth Mateo, Rafael Castillo, Rafael Enrique Castillo, y Álvaro Caamaño, quienes acudieron al tribunal para que ordene al mandatario, mediante sentencia, la destitución del incumbente de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla.
Las organizaciones entienden que Bonilla ha incurrido en graves violaciones a las leyes que lo facultan y obligan a velar por la seguridad del patrimonio público y persecución efectiva de la corrupción, función que ha desempeñado de forma negligente.
“La razón por la cual recurrimos a este tribunal es porque el 20 de octubre pasado presentamos una petición de medida de interés público al presidente para que aplicara las sanciones establecidas en la ley de función pública por la negligencia manifestada por Bonilla y su conducta recurrente de no perseguir a los desfalcadores del patrimonio públicos", indicaron.
La citada ley sanciona con la destitución del cargo al funcionario que incurra en prevaricación, según explicaron.
Señalaron que “la petición que hiciésemos es un derecho consagrado en la Constitución de la Republica. Esta debió ser contestada por el jefe de estado en un plazo de 15 días hábiles, el cual venció el viernes 18 de noviembre", expresaron.
"Nuestra petición solo encontró el silencio palaciego, razón por la cual empezamos este proceso legal”, agregaron.
Advirtieron que, en el caso de que el gobierno no asuma sus funciones en contra de los actos de corrupción administrativa, iniciarán por cuenta propia acciones tendentes al castigo de los funcionarios corruptos.
“Acudimos a este tribunal sin muchas expectativas de encontrar justicia o algún fallo favorable, ya que es conocido por todos la carente independencia de este órgano administrativo y las repetidas sentencias en beneficio a intereses políticos particulares en detrimentos de derechos colectivos y constitucionales", sostuvieron.
Dicha situación, añadieron, no impide que el proceso sea llevado hasta las últimas consecuencias. "Estamos preparados para acudir ante tribunales internacionales, de ser necesario", advirtieron.
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