miércoles, 8 de enero de 2014

De Josè Castro a Jenny Berenice

Cuando el Juez José Castro cita a declarar a la infanta Cristina sobre su participación en los hechos de lavado de activo y evasión de impuestos en el caso Urdangarin y por el cual  se han citado ya a declarar 42 personas en el proceso de investigación preliminar, lo hace acogiéndose a uno de los principios que norman la justicia “ante la ley todos somos iguales”. 


Es destacable como en sociedades que pretenden alcanzar niveles aceptables de democracia y justicia (agarrando de la mano una a la otra), los fiscales o jueces de instrucción hacen sus investigaciones, elaboran sus expedientes y en base a estos someten al escrutinio a todos cuantos consideren relacionados con los hechos investigados.
La declaración de Doña Cristina de Borbón no la harían culpable o inocente, será el juez quien decida después de escucharla si cree o no en su participación en el caso, de creerla culpable entonces se procedería a la acusación formal, de creerla inocente seria excluida de la causa. Lo que quedara claro es la intensión del juez José Castro de dar la digna transparencia que debe caracterizar la justicia en una sociedad democrática.
Según ha declarado el Juez Castro "la repercusión social de la imputación" de un personaje público "nunca debe propiciar una diferencia en el trato judicial" -"son los personajes públicos quienes están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras".
Que un fiscal tramite una causa penal nada tiene de especial o extraño, que no lo haga es insostenible y extraño, más cuando se tiene la certeza de que ha ocurrido un delito, que sea la hija del Rey como en este caso, un ex militar, un ex funcionario o un ex presidente nada tiene de especial por ser quienes son, cuando se trata de administrar justicia no son los nombres los que se juzgan, se juzgan las actuaciones de las personas, es este tipo de comportamiento el que da ejemplo a los ciudadanos por igual.
Son estas actuaciones de los representantes de la justicia que lejos de poner en peligro los pilares de la democracia o el estado, constituye un buen síntoma de la salud democrática de una sociedad que tiene bien definidos sus deseos de que las instituciones funcionen con el espíritu con el que han sido creadas.

Tratar de crear paralelismos entre nuestra forma de administrar la justicia, la separación de los poderes del estado o la independencia de los fiscales, con sociedades civilizadas es como hacerlo entre una roca y una rosa por el hecho de que sean dos frutos de la naturaleza y que inician sus nombres con las mismas letras, No es posible hacer comparaciones ya que en esta República Dominicana, cuando un ciudadano se querella en contra de un ex presidente y sobran las pruebas para que este sea juzgado, a todos los santos de los altares se les eriza la piel, se sonrojan, se les mojan los pantalones y anuncian que se acabaran los milagros, es entonces cuando los fiscales desestiman las querellas. 

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