Por la Redacción
Nuestra
organización con la fuerza moral de haber participado y dado seguimiento
durante dos décadas a los esfuerzos y consensos por una ley que regule la
actividad partidista en orden a la consolidación de la institucionalidad
democrática, y tras la aprobación de un polémico proyecto pendiente de segunda
lectura en el Senado de la República, Participación Ciudadana quiere apelar una
vez más a los actores políticos y legisladores con las siguientes
consideraciones y propuestas:
La
imposición de un único mecanismo, primarias abiertas, simultáneas y bajo
organización de la Junta Central Electoral,
para elegir las candidaturas de los partidos políticos a los cargos
electivos no ha sido objeto de consenso desde el primer proyecto de Ley de
Partidos elaborado en 1998-99 por la Comisión de Reforma y Modernización del
Estado, creada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
ni en ninguna de las otras concertaciones que le siguieron, como las del
2001-02, la del 2009 y la del 2012.
En
la actualidad las primarias abiertas son objeto de un rechazo político y social
generalizado, y que dividen hasta el propio partido (PLD) que tiene casi
absoluto control del Congreso Nacional. Sólo respaldado por un partido aliado,
el Revolucionario Dominicano.Ninguno de esos dos partidos ha convocado sus
organismos directivos para aprobar una propuesta que por su naturaleza
contradice hasta sus propios estatutos, los cuales establecen que son sus
miembros quienes eligen sus candidatos.
El
padrón abierto para las candidaturas ha sido rechazado reiteradamente por casi
todos los partidos reconocidos, resaltando el bloque de once partidos de
oposición al gobierno, pero también por los restantes, incluso casi todos los
aliados electorales del PLD, agrupados en el Foro Permanente de Partidos
Políticos. Igual ha sido generalizado
el rechazo entre las instituciones sociales preocupadas por la institucionalidad
democrática
La
imposición del padrón abierto sería una aventura que podría conducir a mayores
confrontaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuyo presidente ha
adelantado que no propiciará una legislación para satisfacer el interés grupal.
Y se sabe que allí faltarán unos 30 votos para lograr los dos tercios
necesarios para la aprobación de esta ley orgánica.
No
quisiéramos dar crédito a las versiones de que se podría estar planeando
reproducir en la Cámara de Diputados el mercado de compras de votos que
viabilizó la reforma constitucional del 2015.Pero aún si ese proyecto pasara
sin el menor consenso en la Cámara de Diputados, ya se ha adelantado que se
recurriría al Tribunal Constitucional buscando que se ratifique la declaratoria
de inconstitucionalidad que anuló la ley 286-04 que estableció las primarias
simultáneas, con padrón abierto y bajo responsabilidad de la JCE, como se
replantea en el proyecto aprobado en primera lectura por los senadores.
Participación
Ciudadana entiende que sería un proceso tan extenso y cuesta arriba que sumiría
el país en la confrontación política y reduciría la gobernabilidad democrática,
consumiendo suficiente tiempo para que la ley de partidos no tenga efectos en
las campañas por las candidaturas a definirse el próximo año, ya en marcha en
varios partidos. Hay quienes creen que en última instancia lo que se persigue
con el intento de imposición es que no haya ningún límite ni ordenamiento.
Es
obvio que dentro de ese clima de confrontación sería mucho más difícil
consensuar y aprobar la nueva Ley del Régimen Electoral, también bajo
ponderación del Congreso Nacional, llamada a adecuar el sistema electoral al
marco de la Constitución del 2010, lo que debió hacerse hace más de siete años.
Las experiencias recientes indican que el país no debe exponerse a otras
elecciones generales sin adecuar su legislación a los requerimientos
democráticos.
Recordamos
que la Junta Central Electoral ha advertido de las graves dificultades que
entrañaría una elección de candidatos por todos los partidos al mismo tiempo,
sobre todo para el procesamiento de los resultados, cuando a cada cargo podrán
optar tres precandidatos por partidos. Así para las elecciones municipales, con
casi 4 mil cargos en juego, habría que contarle votos individuales a unos 12
mil aspirantes por partido, 48 mil en total, si la ley sólo obliga a los que
han obtenido más del 5 por ciento de los votos, que son cuatro. La experiencia
del procesamiento del voto preferencial por los 190 diputados, que le ha tomado
a la JCE dos semanas, hace temer que lo propuesto por los senadores sería un
acto de irresponsabilidad.
También
se ha advertido lo riesgoso que sería embarcar a la JCE en tres elecciones
generales en el corto plazo de seis meses, si las primarias son tres meses
antes de las municipales de febrero, y luego de ésta la presidenciales de mayo.
De haber segunda vuelta entonces serían cuatro votaciones generales.
El
proyecto aprobado invade el ámbito de lo que sería la Ley del Régimen
Electoral, en su artículo 41 cuando instituye sobre la apertura de la campaña
electoral para las elecciones presidenciales y cuando indica fecha de toma de
posesión de "las autoridades electas en mayo". También en el artículo
50, párrafos III y IV al referirse a la alianza para las candidaturas, que no
caben en las primarias.
El
proyecto aprobado establece que la JCE debe decidir sobre solicitudes de nuevos
partidos a más tardar 6 meses antes de las elecciones, cuando lo justo sería a
más tardar 6 meses tras la solicitud, que no debería hacerse 6 meses antes de
las elecciones.
No establece el
porcentaje de la mujer en los cargos de dirección de los partidos, dejándolo a
los estatutos. Reduce del 25 al 10 por ciento el porcentaje del financiamiento
estatal que los partidos deben destinar a la educación y formación de
ciudadanos y miembros. Y mantiene su distribución muy desigual, con 80 por ciento
en función de los votos obtenidos y sólo 20 por ciento entre todos los
partidos, incluyendo los nuevos. Se ha reclamado una reducción al 70-30 por
ciento.
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