viernes, 3 de febrero de 2012

Juntas locales niegan información para observación electoral

Fuente: LOYDA PEÑA
Participación Ciudadana denunció ayer que muchas Juntas Electorales del país se niegan a suministrarle información para la observación que harán al proceso, remitiéndola a la Junta Central Electoral (JCE),  “como si obedecieran a una orden superior”.
En la presentación de su tercer informe de observación electoral, la entidad cívica destacó que sus voluntarios han hecho contacto en 103 de las 155 juntas que hay a nivel nacional, “y en una proporción considerable se nos ha cerrado la puerta, especialmente en las regiones suroeste y noroeste”.



Deploró esa falta de receptividad, afirmando que la misma entra en contradicción con la práctica de las dos últimas décadas, y con la exhortación del presidente de la JCE a las diversas instancias de la sociedad civil, para que asuman  esa tarea de alta gestión ciudadana.

Otras quejas.  Participación Ciudadana se quejó, además, porque a la fecha, la JCE no le ha dado respuesta a su solicitud de información sobre los locales y colegios electorales, y la acreditación de más de 3,000 voluntarios para la observación de las próximas elecciones, que le ha hecho mediante reiteradas comunicaciones.

“Participación Ciudadana ha realizado observación electoral en ocho procesos electorales en los que ha tenido una  colaboración y apoyo de la Junta Central Electoral y no vemos la menor razón para que en esta ocasión sea diferente; precisamos de la acreditación de nuestros observadores, y de la información sobre los centros de votación, para el diseño de nuestra observación y conteo rápido”, subrayó PC.

Agregó que hasta ahora la respuesta que le ha dado el presidente de la JCE, Roberto Rosario, es  que su solicitud está pendiente de ser conocida por del pleno, aunque consideraron que aprobado ya el reglamento de observación, “eso debería ser asunto puramente administrativo”.

Caso Madrid. Pidió también a la JCE dar a conocer los resultados de la investigación sobre la   inscripción irregular de unas  4,000 personas en España.

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