BASTA: Carbón, corrupción y reelección

Por Héctor Turbi

Héctor Turbí es economista.

Si Republica Dominicana fuera un país con minima institucionalidad que se respetara, el presidente Danilo Medina estuviera siendo objeto de un juicio político para su destitución, en vez de estar forzando la reforma de una constitución con apenas 5 años de promulgada para su repostulación.

Bastaría que se determinara la evidente responsabilidad directa del presidente en los manejos corruptos  del denominado Proyecto Termoeléctrico Punta Catalina.

Salvando las diferencias históricas, para llevar adelante las ya famosas plantas de carbón, el presente gobierno ha cometido más irregularidades, que las que incurrió el gobierno de  Buenaventura Báez en 1869, con el tristemente recordado préstamo con la Casa Harmont.

Siendo la solución del problema eléctrico un tema tan sensible para la ciudadanía, y siendo el presidente Medina una persona con tan buenas intenciones como se le precia y se le promueve, no ha debido tener ninguna necesidad  de:

1-   Iniciar un proyecto sin realizar los estudios ambientales que dispone la ley y sin consultar a la población impactada, ni tener los permisos municipales correspondientes.

2-   Iniciar la construcción de una obra en un una superficie de 3,600 tareas de terrenos privados en las parcelas 233 y 136 del Distrito Catastral no . 2 de Bani, sin adquirir los terrenos, ni declararlos de utilidad pública.

3-   Permitir que un proyecto de tecnología sub-critica (la mas atrasada), sea presupuestado al costo de la tecnología supercrítica en US$2,040.7 millones, con una sobre –valuación de entre 600 y 1000 millones de dólares, donde existieron ofertas de hasta menos de US$1,000 millones.

4-   Apoyar una licitación amañada.

5-   Confabularse con Odebrecht, una de las empresas transnacionales más corruptas de America Latina, condenada por hechos escandalosos ocurridos en su propio país de origen, Brasil, por sobornar a políticos para la consecución de contratos deliberadamente sobrevaluados como en el caso de Petrobras.

6-   Obligar al ministerio de medio ambiente a emitir a posteriori una licencia ambiental sin cumplir con los requisitos que dispone la ley.

7-   Presionar al congreso nacional para que apruebe un contrato amañado, sobrevaluado y sin contar ni siquiera con los documentos de los terrenos donde se le construyen las obras.

8-   Permitir que se sobornen  los ayuntamientos municipales para que emitan permisos de no objeción ilegales a posteriori, año y medio después de iniciado el proyecto.

9-   Permitir que se desarrolle una campaña de mentiras, comprando medios de comunicación y periodistas para decir que se producirá energía limpia en base a carbón mineral.

10-              Permitir que se le mienta a la población banileja y nacional, diciéndole que 175 mil toneladas anuales de cenizas (Rokas) y 15 mil toneladas anuales de escorias, serian usadas en la industria de la construcción, sin tener ninguna base para esto.

Resulta evidente que la única razón lógica que ha llevado al presidente Medina a comprometerse con este prontuario de irregularidades, al punto de llegar a decir que había un boicot contra las plantas a carbón cuando el Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspendió la licitación por sospecha de sobrevaluación, es que las grandes comisiones derivadas del sobrecosto de este proyecto estén destinadas a su proyecto de reelección y favorecer los grupos económicos y políticos que lo apoyan.

Ahora que el CONEP, muestra su interés de que las plantas sean de propiedad y administración privada, va quedando claro  ante la opinión pública todo el negocio sucio del carbón que denunciáramos desde tiempos atrás. No se trata de soluciones a la cuestión eléctrica, sino de las mismas artimañas de siempre, ahora con el agravante de que se afectara severamente a la población impactada.

En las discusiones del pacto eléctrico y en diversos eventos recientes incluido el seminario realizado por la UASD sobre la crisis eléctrica, ha quedado también en evidencia la gran estafa que ha representado para el país la llamada capitalización materializada en 1999.

 Solo pensar que esa privatización se hizo porque el Estado supuestamente no disponía de los recursos para la modernización del parque eléctrico nacional, mismo Estado que ha cargado a los bolsillos del pueblo entre 1999-2014, 12 mil millones de dólares en “subsidios” que han ido a parar en su mayoría a las arcas de los grupos más voraces del llamado sector privado en estrecha colusión con las mafias partidarias, indigna.