Tras
concluir el plazo establecido en el decreto 327-13 para la ejecución
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), Participación
Ciudadana apela a los mejores sentimientos humanitarios del pueblo
dominicano, al gobierno y a todos los sectores de incidencia para actuar
con la mayor ponderación y racionalidad, atendiendo a las siguientes
consideraciones:
Ha sido notorio que el PNRE no ha tenido el éxito deseado por la
incomprensión de muchos nacionales que no acaban de entender su
importancia para iniciar el ordenamiento y control de la masiva
inmigración haitiana, que se ha venido difiriendo durante décadas,
especialmente a partir del Decreto 417-90 que hace 25 años dispuso un
programa regulatorio, al igual que la Ley General de Migración 285-04,
del 15 de agosto del 2004. A los limitados resultados han contribuido la
poca colaboración de los empleadores, la complicidad e ineficiencia de
los trámites burocráticos y el alto costo, para una población muy
pobre, de las legalizaciones documentales. A eso hay que agregar las
dificultades del gobierno haitiano para proporcionar los documentos
solicitados por unos 20-25 mil de sus ciudadanos/as.
Ponderamos como muy positivo que el gobierno haya decidido flexibilizar
la ejecución del PNRE otorgando plazos más amplios para que quienes
iniciaron el proceso puedan completar sus requerimientos, otorgándoles
acreditaciones provisionales, incluyendo a los que presenten pruebas de
haber solicitado documentación a través de la embajada de Haití. Ha sido
un acto de racionalidad y justicia otorgarles el estatus de inmigrantes
a cerca de 3 mil haitianos pensionados por haber trabajado durante
décadas en la industria azucarera. La misma consideración debería
extenderse a otros tantos miles que hace años reclaman la pensión a que
tienen derecho. Por el largo tiempo que salieron de Haití y dado su
origen marginal, muchos de ellos seguirán teniendo dificultades para
acceder a su documentación y cubrir los costos.
En vez de verse como una debilidad, la flexibilización reafirma el
interés de las autoridades por ejecutar un plan de regularización que
garantice la mano de obra que requieren sectores productivos, pero al
mismo tiempo establezca un orden que permita controlar los actuales
excedentes y nuevos flujos inmigratorios. Es fundamental el cumplimiento
del código laboral que establece un límite del 20 por ciento a la mano
de obra extranjera que puede ser empleada por las empresas.
Nadie puede discutir el derecho del Estado dominicano a limitar la
inmigración e incluso a deportar los excedentes, particularmente los de
los últimos años, pues la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)
demostró que el 62 por ciento de unos 524 mil que vivían en el país
habían ingresado entre el 2000 y el 2012.
Aunque ha habido contradicciones públicas entre diversos funcionarios,
preferimos ponderar las seguridades de que no se producirán
deportaciones masivas, y que cada caso será tratado individualmente, de
acuerdo con el código universal de los derechos humanos, los principios
constitucionales, los tratados internacionales y las leyes y protocolos
que rigen esa delicada materia. Todo lo que exceda este marco se
traducirá en descrédito internacional para una nación cuya imagen ya ha
sido mermada por el inadecuado tratamiento de la última década a los
descendientes de extranjeros nacidos en el país, incluso a millares que
fueron despojados de la nacionalidad dominicana que se les había
otorgado.
Los datos recogidos en la ENI 2012, realizada por la Oficina Nacional
de Estadística, más el flujo de los últimos tres años, permiten estimar
que por lo menos la mitad de los extranjeros residentes indocumentados
no han iniciado el proceso de regularización, lo que obliga a ponderar
la posibilidad de nuevas oportunidades.
Exhortamos a las autoridades nacionales a realizar los mayores
esfuerzos para evitar que los descendientes de extranjeros irregulares
nacidos en el país puedan ser deportados, lo que originaría apatridia y
la consiguiente condena universal. La ocasión es oportuna para reclamar
que la Junta Central Electoral proceda finalmente a regularizar la
documentación de los 53 mil ciudadanos/as que según su propia auditoría
del registro civil califican para la devolución de su documentación como
ciudadanos dominicanos dispuesta por la ley 169-14. Protección y
facilidades especiales debe otorgarse a los descendientes de este
segmento poblacional a quienes se les negó el registro de nacimiento en
la última década. En muchas de esas familias se da el absurdo de que los
hijos mayores tienen registro ciudadano y a los nacidos en los últimos
años se les ha negado.
Ninguna persona enferma, anciano, pensionado o no, debe ser deportada,
sometida a apatridia o colocada en situación de extrema indefensión.
Así lo reclama el sentimiento de solidaridad humana de la inmensa
mayoría del pueblo dominicano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario