sábado, 29 de agosto de 2015

Cancelan registro a ocho notarios; suspenden once

Dr. Pedro Rodríguez Montero.
El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, doctor Pedro Rodríguez Montero, informó este lunes que le fueron cancelados el registro notorial de ocho abogados, a quienes acusa de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el doctor Rodríguez Montero anunció que otros once abogados fueron suspendidos por dos años y cuatro fueron multados por iguales irregularidades.


El presidente de la entidad dijo que los notarios fueron sancionados por la legalización de firmas de actos de ventas sin verificar los firmantes, falsedad de actos auténticos, sustracción de bienes mediante la instrumentación de actos irregulares, entre otras faltas en el ejercicio de su función de notario.

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También las sanciones han sido establecidas por notarización de contratos de ventas bajo firma privada a nombre de personas fallecidas, falsificación de testamentos y pagaré notariales, firmas no puestas con puños y letras del notario, o falsificación por intimación.

Informó continuará cooperando con la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como tribunal disciplinario del notario, y que todavía hay varios casos pendientes de fallos que serán informados en su momento. Explicó que entre el 2010 y el 2015, más de 30 miembros han sido juzgados por la Suprema y que más del 90 por ciento de los casos procesados fueron destituidos.

Indicó que los procesos seguido a los notarios están fundamentado en la 301 del 18 de junio de 1964, sobre el notariado.

Dijo que el Colegio de Notario ha colaborado con la SCJ en el proceso de saneamiento que lleva la entidad por el rescate jurisdiccional y el prestigio de los notarios.

Manifestó que las sanciones son impuestas por la Suprema, como tribunal disciplinario amparado en la constitución y el Código Procesal Penal, por lo que en audiencias públicas el pleno de la SCJ escuchó a los representantes del Ministerio Publico, a los denunciantes querellantes y a los imputados en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.
Fuente: El Nacional

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