Ante el retroceso
que registra el proceso democrático nacional, especialmente en el ámbito
del partidarismo político, Participación Ciudadana considera necesario
que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general
pongan mayor atención al torneo electoral en curso para robustecer los
reclamos de equidad, transparencia, reducción del clientelismo y el
rentismo, y respeto a los procedimientos democráticos universalmente
proclamados.
PC
en esta etapa preelectoral concentra mayor atención al financiamiento
de los partidos, al contenido y alcance de la propaganda y actividades
de la campaña electoral, los planteamientos y debates programáticos y a
los recurrentes abusos del patrimonio público, el rentismo, el
clientelismo y el transfuguismo.
De
acuerdo al 1er. Informe de Observación Electoral 2016 lo más relevante
en el actual proceso de escogencia de los candidatos de los diversos
partidos políticos ha sido un significativo retroceso en el proceso de
institucionalización democrática, privando a los militantes y miembros
de los partidos políticos de los derechos a elegir y ser elegidos,
después que las principales formaciones políticas habían instituido
métodos de amplia participación, como las elecciones primarias. Además,
la escogencia de los candidatos a cargos legislativos y municipales va
en el peor derrotero, negándosele a miles de ciudadanos su derecho a
optar democráticamente, como consagra la Constitución de la República,
enuncia la ley electoral y establecen los estatutos partidistas.
Participación
Ciudadana informa de lo lamentable que a medio año de las elecciones
parece obvio que se agota el tiempo adecuado para la reforma del sistema
electoral y que la sociedad dominicana volverá a las urnas sin haber
adecuado sus normas a la Constitución del 2010, sin haber aprobado el
proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se debate
desde 1998. Todo parece indicar que no hay voluntad política para
aprobar leyes que mejoren los mecanismos democráticos al interior de las
organizaciones políticas y que garanticen equidad y pulcritud en las
campañas electorales, con límites al gasto, sanción de los abusos de los
recursos estatales y transparencia en el financiamiento de partidos y
candidatos.
En
relación al proceso organizativo por la Junta Central Electoral (JCE),
Participación Ciudadana pudo evidenciar que las informaciones
disponibles indican que el proceso organizativo de los comicios del 2016
avanzan, tanto en lo concerniente a los recursos financieros,
tecnológicos y humanos, en cumplimiento a su calendario de ejecución.
Como novedad tecnológica, la JCE efectuó un concurso y eligió una
empresa que supliría y administraría el escrutinio automático de la
votación. Empero, en audiencia pública, los delegados de dos de los
partidos mayoritarios formularon objeción, aduciendo que la firma
seleccionada no muestra suficiente garantía de eficiencia e incluso que
había tenido fallos en la demostración que se les hiciera.
Por
lo delicado de lo concerniente al escrutinio, y por la multiplicidad de
cargos a ser elegidos en tres boletas diferentes, la JCE no debe forzar
la contratación del escrutinio automático sin un consenso entre los
actores políticos. La transmisión electrónica de las actas ya permitió
un adelanto considerable en el ofrecimiento de los resultados en las
elecciones del 2012.
Un
elemento de preocupación lo constituye la cantidad de ciudadanos y
ciudadanas que no han renovado la Cédula de Identidad y Electoral, a un
mes de vencimiento del plazo para cerrar el registro de electores. No
obstante, el órgano electoral ha incrementado una campaña publicitaria
al respecto. Un informe del 28 de octubre indica, que a esa fecha, los
electores eran 6 millones 365 mil 452. No se identifica, cuántos
faltan por renovar la cédula a nivel nacional. En el exterior,
distribuidos en 28 países, los electores totalizan 328,649, de los
cuales sólo 217,070 han renovado la cédula, lo que implica que 111,579,
el 34% no lo ha hecho.
Uno
de los temas que habrá que prestarle especial atención en las próximas
elecciones generales, es al traslado de electores de un municipio a
otro. En anteriores procesos electorales, en los que se eligieron
representantes ante el Congreso Nacional y los gobiernos locales, ha
sido una práctica común el cambio de dirección de una alta cantidad de
ciudadanos/as de una demarcación electoral a otra, con el propósito de
incidir en los resultados electorales. Esto es posible sobre todo en
aquellos lugares donde el padrón registra pocos electores y la
diferencia entre quien resulta electo y quien pierde unas elecciones es
mínima.
Una
de las tareas que tiene pendiente la JCE es responder a las solicitudes
de reconocimiento incoadas por diez partidos y quince movimientos
provinciales y municipales para presentar candidaturas. El estricto
respeto a los derechos ciudadanos obliga a una respuesta diligente y a
no repetir la lentitud con que se respondieron en septiembre las
peticiones de otros 8 partidos y tres movimientos, algunos de los cuales
tuvieron que esperar hasta dos años.
Participación
Ciudadana invita a las organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía en general a integrarse a la Red de Observadores Electorales
para garantizar unas elecciones libres y transparentes, dejando atrás
las frustraciones y el cansancio generados por los retrocesos e
integrarse a la lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática.
Ver informe completo en el siguiente link: goo.gl/5izBi7
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