Por temas de corrupción en compras y concesiones
Fuente: El Nuevo Diario
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La
Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, dijo hoy que más de 100
síndicos y directores municipales pertenecientes a todos los partidos,
reúnen los meritos para ser procesados penalmente por la comisión de
serias y graves irregularidades en el desempeño de sus funciones, como
lo establece la Ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los
Municipios en su Artículo 21.- Destino de los Fondos.
Manifestaron que los ayuntamientos destinarán los
ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades
establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias
manteniendo los límites en cuanto a su composición, citando entre ellos
que hasta el 25% para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal;
31% para la realización de actividades y el funcionamiento y
mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia
que prestan a la comunidad; al menos el 40% para obras de
infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y
adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo
gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo
económico local y social; así como también un 4% dedicado a programas
educativos, de género y salud.
El coordinador general de la entidad
anticorrupción Julio César de la Rosa Tiburcio declaró que “a diario
recibe denuncias de corrupción provenientes de los municipios y
distritos municipales en donde se destacan las adquisiciones de bienes y
servicios sin cumplir con los procedimientos que prevé la Ley 340-06 de
Compras y Contrataciones, así como el pago de obras cuantiosas sin ser
ejecutadas, nominas fantasmas, como también la designación de arietes y
parientes, acciones conocidas por los munícipes que ven a diario con el
desparpajo que actúan contrario al mandato otorgado por la
municipalidad”.
Señaló que las sanciones contempladas en la ley se
detallan claramente en el párrafo IV, cuando señala que “La violación
de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con
el pago de una indemnización de cinco a veinte salarios mínimos, así
como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por
la legislación penal dominicana para estos casos”.
“En el caso de que el tesorero y el contralor
municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución
competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción
antes mencionada”, aclaró De la Rosa Tiburcio y advirtió a la Dirección
Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, para que
se prepare para darle seguimiento a todas esta atrocidades cometidas por
los alcaldes en cuestión, lo mismo le advierte a la Cámara de Cuentas
de la República para que proceda a entregar las auditorias que ha
realizado en las instituciones edilicias, que permita traducir a los
tribunales del país a los responsables del manejo irregular de los
fondos públicos.
“Es una oportunidad que tiene la Liga Municipal
Dominicana para reasumir su rol como asesorara de los ayuntamientos del
país, para que deje atrás la imagen de botín alservicio del clientelismo
político, que durante los últimos doce años no hahecho ningún aporte
significativo al municipalismo dominicano”, finalizó.
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