El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana emitió un documento en el que rechaza los aprestos oficialistas para modificar la Constitución y reintroducir de nuevo la reelección presidencial. En una nota de prensa enviada a los medios, la entidad cívica expresa diez puntos en los cuales expresa porqué se opone a la reelección. A continuación el documento textual enviado por la organización.
Ante la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) de proponer una nueva reforma a la Constitución de la
República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por la reelección,
Participación Ciudadana desea expresar su oposición, coherente con lo que hemos
sustentado desde nuestra fundación hace 22 años.
1.- Como hay muchas personas
de corta memoria comenzamos por recordar que en 1994 favorecimos la prohibición
de la reelección consecutiva, por considerarla necesaria por algunas décadas
para el fortalecimiento institucional dominicano. También estuvimos entre las
entidades de la sociedad civil más opuestas al restablecimiento de la
reelección consecutiva que realizó la Asamblea Nacional en el 2002, entonces
bajo dominio del Partido Revolucionario Dominicano, para beneficiar al
presidente Hipólito Mejía. Así mismo fuimos de los organizadores de una vigilia
nocturna al Congreso Nacional, y asistimos en actitud de rechazo a la sesión
donde se aprobó la reforma. Nuestro fundamento quedó de manifiesto en un folleto
del que distribuimos diez mil ejemplares, bajo el título "En la Historia
Dominicana la Reelección ha sido Antidemocrática".
2.- Nos inscribimos también
críticos consistentes del proceso que culminó en la Constitución auspiciada por
el presidente Leonel Fernández y promulgada en el 2010, que desconoció el viejo
compromiso de una Asamblea Constituyente de elección popular. Entonces también
nos opusimos a la actual formulación de reelección indefinida con un período de
intervalo, por entender que estaba hecha a la medida para que ese mandatario
pudiera evadir la limitación de dos períodos de gobierno y nunca más establecida
en el 2002.
3.- La reforma que ahora se propone es la
reiteración histórica de que la Constitución de la República es un papel que se
arruga cada vez que un gobernante alcanza los finales de su período de gobierno
para que pueda prolongarse en el poder, siempre a costa de vulnerar la
institucionalidad democrática, dentro de sus propios partidos y luego con el
abuso de los poderes del Estado, siempre aduciendo la necesidad de continuar
y/o concluir su obra de gobierno. La aprobación de 23 personas en un órgano
ejecutivo del partido gobernante no puede sustituir un precepto constitucional
tan importante para la institucionalidad democrática. El primer costo
institucional es que el Comité Político peledeísta ha ignorado que "la dirección e instancia superior del
Partido después del Congreso Nacional", es su Comité Central, según
establece los artículos 13 y 17 de los
Estatutos del PLD. El segundo costo institucional, también histórico, será el
tráfico de influencias y compra de conciencias para conseguir la mayoría
calificada de dos terceras partes de los votos de la Asamblea Nacional, de la
que no disponen los propiciadores del proyecto. Y un tercer costo pudiera ser
el fraccionamiento del propio partido.
4.- Treinta y ocho reformas
constitucionales, en 171 años de la República, equivale a una cada 4.5 años. De
ellas 32 han sido para propiciar la reelección o para, ampliar el poder o los
años del mandatario de turno. Y la próxima sería la cuarta en apenas dos
décadas. En el Siglo XXI, andamos en el eje circular de todo el Siglo XIX y comienzo
del XX.
5.- Somos, conjuntamente
con Haití, los dos países con más reformas constitucionales en el mundo, lo que
es indicativo de la extrema debilidad institucional de nuestra democracia.
Otra reforma constitucional para propiciar la reelección, en nada contribuiría al
desarrollo democrático y lo que genera
es la personalización del Estado, más
allá de la esencia de la democracia, donde el poder debe
radicar en sus instituciones.
6.- Como movimiento cívico no partidista,
Participación Ciudadana pretende coadyuvar al logro de una firme institucionalidad
democrática que auspicie el desarrollo social, justo y equilibrado de la nación
dominicana. Nuestra Declaración de Principios, plantea el rechazo del ”legado
autocrático que permea las estructuras
del Estado y de la propia sociedad civil, y que menoscaba el despliegue
de las potencialidades del conjunto social dominicano al concentrar y
personalizar el poder en desmedro de la institucionalidad democrática”.
7.- Es en ese marco programático que no podemos
estar de acuerdo con una nueva reforma constitucional, para auspiciar la reelección
de un gobernante, más aún cuando la actual Constitución tiene apenas 5 años y 2
meses y todavía no hemos podido adecuar a la misma un amplio paquete de leyes, así
como desarrollar las que la propia carta magna exige, incluyendo la de partidos
políticos y la del régimen electoral.
8.- Independientemente de
la percepción favorable del presidente Danilo Medina en las encuestas, la
sociedad dominicana no se merece otra reforma constitucional en beneficio de
los intereses políticos de turno. El ejercicio
de una ética política, llama a no incrementar tensiones que desvían los esfuerzos necesarios para encaminar el país hacia las reformas estructurales que coadyuven a una mejor
distribución de la riqueza, al combate firme contra la pobreza y a asumir
a plenitud la Estrategia Nacional de
Desarrollo, que contiene cambios que
ya debieron producirse.
9.- Por todas esas razones
Participación Ciudadana apela al presidente Danilo Medina para que haga lo que
nunca se ha hecho en la historia nacional y desestime la propuesta de reforma
constitucional, con lo cual daría un ejemplo de coherencia con criterios que
sostuvo anteriormente, incluso al inicio de su gestión gubernativa.
10.- El presidente Danilo
Medina haría un gran servicio al fortalecimiento de la institucionalidad democrática
si el fuerte liderazgo que ha obtenido en su partido y la amplia aprobación de
la ciudadanía la concentra para impulsar las reformas políticas que requiere la
nación, como son: La ley orgánica del régimen electoral y la ley de partidos
que garanticen una competencia electoral equitativa y plenamente democrática en
los comicios del 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario