El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, anunció su respaldo a la decisión de la Junta Central Electoral de
redistribuir la cantidad de diputados en función de las variaciones
registradas en la densidad poblacional del país, atendiendo al mandato
del artículo 81 de la Constitución de la República.
Al
mismo tiempo deploró que los cuatro mayores partidos con
reconocimiento jurídico hayan coincidido en pedir a la JCE el
aplazamiento de una disposición constitucional, lo que de por sí
constituye una señal de poco aprecio por la institucionalidad.
La
resolución de la JCE está determinada por la pérdida relativa de
población de 9 provincias, las que elegirán, cada una, un diputado menos
a partir del 2016. Ocho de esas curules pasan a la provincia Santo
Domingo, el mayor polo de atracción migratoria. El noveno será para La
Altagracia, en incremento poblacional por ser el primer polo turístico
del país.
"La
petición de aplazamiento de la redistribución de los diputados a ser
electos en los comicios del 2016 tendría sentido si ya los partidos
hubiesen escogido sus candidatos, lo que no ha ocurrido aún en ninguno", dice un documento del movimiento cívico.
Sostiene que en
lugar de obstruir la aplicación de la Constitución, los partidos deben
empeñarse en adaptar el régimen electoral a la carta magna promulgada
hace 5 años y medio. La aprobación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral y la Ley de Partidos Políticos son fundamentales para la
institucionalidad democrática, la equidad y la transparencia. Lo
procedente es que el liderazgo político rescate y haga aprobar sendos
proyectos de leyes que al efecto la JCE sometió al Congreso Nacional
hace 4 años.-
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