Fuente: Noticias Telemicro
SANTO DOMINGO (R.D).-El Grupo Telemicro se quejó de la forma excluyente con que el Banco Central y la Comisión Liquidadora de Baninter actuaron para licitar la empresa Aster de Comunicaciones. La empresa dice que no se le permitió participar de una licitación a pesar de llenar los requisitos y tener el aval económico suficiente para realizar una oferta mayor a las empresas precalificadas por esas autoridades en favor de un grupo económico del país.
El Grupo Telemicro y su empresa afiliada
Servicios Ampliados de Teléfonos (SATEL) quieren alertar a la opinión
pública nacional por los planes que en su contra se han desplegado desde
la gobernación del Banco Central, así como de la Comisión Liquidadora
de los Bienes del Banco Intercontinental.
Esa intención de desconocer el derecho
que tienen nuestras empresas se puso de manifiesto al impedir, con
chicanas y actitudes malintencionadas, la participación de Satel en el
proceso de licitación para la adquisición de la empresa Aster
Comunicaciones, integrante del desaparecido Grupo Baninter.
Tal y como ha denunciado el
representante legal de la empresa, el doctor Francisco Durán González,
el gobernador del Banco Central licenciado Héctor Valdez Albizu y sus
subalternos Luis Manuel Piña Mateo y Zunilda Paniagua, de la Comisión de
Liquidación de Baninter, hicieron todo lo posible para evitar la oferta
de este grupo de comunicaciones a sabiendas de que sería de un monto
mayor al de las ofrecidas por las cuatro empresas precalificadas por
ellos.
Para estas empresas resulta sumamente
sospechoso que estos servidores públicos hayan realizado una especie de
confabulación para afectar no sólo los intereses del Grupo Telemicro,
sino del Estado Dominicano al aceptar una oferta que está por debajo de
otras mucho más convenientes al interés nacional.
En momentos en que el país exige
transparencia en las actuaciones de sus funcionarios, en momentos en que
el tema de la corrupción administrativa ocupa un sitial importante en
la lucha electoral que se libra en el país ha llegado la hora de que
estos funcionarios, con el gobernador del Banco Central a la cabeza, den
muestras de transparencia y expliquen públicamente su proceder.
En caso contrario, lo más recomendable
es que dejen sin efecto el amañado proceso de licitación y que sea
realizada una nueva convocatoria que permita la participación
igualitaria de todos los sectores que quieran participar en ese proceso.
De no hacerlo estarían incurriendo en violaciones que pondrían en
entredicho el estado de derecho del país y las garantías que requieren
los inversionistas locales que a pesar de momentos de inestabilidad
económica internacional han creído en el futuro de la nación.
De lo que sí pueden estar seguros el
Banco Central y quienes se han prestado a esta especie de componenda es
que llevaremos este reclamo hasta las últimas consecuencias y que no
descansaremos hasta lograr que nuestros derechos sean respetados en
virtud de que somos un grupo empresarial que siempre ha creído en el
futuro del país.
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