Madrid, 13 dic (EFE).- La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, ha anunciado que entre las medidas de regeneración
aprobadas hoy está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a
partidos políticos y la prohibición de que los bancos condonen la deuda a las
fuerzas políticas.
Esas son las dos
principales novedades de los dos anteproyectos aprobados hoy por el Consejo de
Ministros, que son el "núcleo esencial" del plan de regeneración
democrática y contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
En concreto, el
Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de la ley orgánica de control
de la actividad económico-financiera de los partidos y el de la ley reguladora
del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado.
El primero de estos
proyectos, que ahora se remitirán al Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado
para que emitan los correspondientes informes, prohibirá
"completamente" las donaciones de personas jurídicas a los partidos,
que hasta ahora se permitían hasta un límite de cien mil euros anuales.
Sáenz de Santamaría,
en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha considerado que el cauce lógico
de la financiación de los partidos son las donaciones de personas físicas como
consecuencia de su vinculación o compromiso político, que forma parte de la
libertad individual de los ciudadanos.
Otra de las
principales novedades que se incluyen en esta norma es la prohibición de las
condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito a los partidos
políticos, que dejarán de ser legales y no podrán existir "de ninguna
cuantía", ya que hasta ahora también estaba permitidas hasta un límite de
cien mil euros.
La ley incluirá un
régimen de devolución de donaciones indebidas o que excedan los límites
legales, que tendrán que devolverse a los donantes y, si no fuera posible, al
Tesoro.
Se refuerza la
obligación de los partidos de presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas
y se prohíben las subvenciones a los que incumplan este deber.
También se regula la
figura del tesorero o responsable de las cuentas de un partido político y se
clarifica el régimen de sanciones.
Además se introducen
nuevos controles en la gestión de los recursos de los partidos, así como un
"régimen estricto" de rendición de cuentas.
Estas medidas
supondrán la modificación de tres leyes orgánicas: la de financiación de
partidos, la de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas, para
reforzar la agilidad y organización de órgano fiscalizador, que tendrá
oportunidad de emitir un informe sobre el proyecto con sus recomendaciones.
El segundo de los
anteproyectos aprobados regula las funciones y obligaciones de los altos
cargos, y como novedad principal establece que ningún condenado por delitos
contra las instituciones y administraciones públicas, incluidos los de
terrorismo, podrá ser nombrado alto cargo público mientras no se cancelen sus
antecedentes penales.
Esta norma, según ha
explicado la vicepresidenta del Gobierno, establece requisitos de
"idoneidad" para el desempeño de un alto cargo, "de modo similar
al ámbito privado" y cierra la puerta a este tipo de puestos a los
condenados por sentencia firme.
No podrán ser
nombrados altos cargos los condenados a penas privativas de libertad o quienes
estén inhabilitados por la ley concursal, sanción penal o administrativa, ni
tampoco los condenados por infracciones graves de la Ley de Transparencia o por
delitos contra las instituciones y las administraciones públicas, incluido el
terrorismo.
Sáenz de Santamaría
ha recordado que estas medidas que forman parte del plan de regeneración son
una pieza central del programa del Gobierno, que ya anteriormente ha aprobado
importantes normas en ese ámbito, como la modificación de la ley de
financiación de partidos, del código penal y la Ley de Transparencia.
El Gobierno, en
palabras de la vicepresidenta, hoy ha dado "un paso más" con estos
anteproyectos, que no entran en el ámbito penal porque esa parte se va a
incluir, a propuesta del Ejecutivo y de otros grupos políticos, en el trámite
de enmiendas a la reforma del Código Penal que ha iniciado su tramitación en el
Congreso.
Será ahí donde se
establezcan las medidas de refuerzo del castigo penal para estas conductas.
También se dejan
pendientes de la negociación con las fuerzas políticas las medidas para
agilizar los procedimientos y evitar recursos que pretendan dilatar
indebidamente un proceso judicial, así como las relativas a la determinación de
la responsabilidad civil.
"Vamos a seguir
como hasta ahora, negociando", ha dicho Sáenz de Santamaría", tras
reiterar la disposición del Gobierno a estudiar e incorporar las propuestas del
resto de los grupos políticos.
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