martes, 10 de diciembre de 2013

Guillotina afilada para dos cuellos

La sentencia 168-13 evacuada por el tribunal Constitucional de la República Dominicana que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país, es una guillotina afilada para dos cuellos, según los análisis que se pueden desprender de los hechos que anteceden a esta.
Los hechos que han dado origen a esta sentencia están muy lejos de lo constitucional y sobre todo de la intención primera de hacer daño a los descendientes de extranjeros que han nacido en tierras Dominicanas.

Síntesis : en el año 2011 al momento de ponderar candidatos para la conformación del tribunal constitucional que cumplirá dos años el próximo 28 de diciembre del 2013, la discusión nacional era entonces sobre quienes debían ocupar los escaños en este tribunal, siempre bajo la premisa de que se trataría de devolver favores políticos con los nombramientos o de asegurar poder en esta instancia por si los vientos de la suerte soplaran contrarios a quienes habían gobernado en el cuatrienio anterior al 2012-1016, al parecer se pudieron combinar ambos factores y así se conformo el tribunal compuesto por trece jueces.
El primer año de ejercicio pasó sin penas ni glorias, pero llego el momento de ser llamados a realizar un trabajo que ha logrado convertirse en poco tiempo en la noticia que ha acaparado la mayor cantidad de espacio en los medios de comunicación desde el caso de Quirino o el de Figueroa Agosto. Esta sentencia es sin lugar a dudas una obra maestra de la perversidad no solo por lo que es visto sino y más bien por lo que oculta.
Datos: Según el análisis de la Cámara de Cuentas, realizado sobre la base de las informaciones suministradas por las instituciones públicas, los gastos y las aplicaciones financieras devengadas por el gobierno central en el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, ascendieron a RD$510,058.10 millones, los cuales estuvieron compuestos por RD$447,429.3 millones de gastos corrientes y de capital, un 19.4% del PIB, y una ejecución de 119.6% del presupuesto original y de 99.2% del vigente. Para aplicaciones financieras se erogaron RD$62,628.8 millones, equivalentes al 12.28% del total de las erogaciones y un 2.7% del PIB .
El nivel de cumplimiento de la ejecución general del presupuesto de gastos de 2012, con respecto a su monto original y al vigente, fue de 118.6% y 99.2%, respectivamente. Cuando se señaló el índice de ejecución por grupos se comprobó que los gastos sin aplicaciones financieras alcanzaron un 119.6% con respecto al original y 99.2% con relación al vigente; en tanto que las aplicaciones financieras, por su parte, registraron un índice de ejecución de 112.2% del original y 99.0% del presupuesto vigente.
Datos: Noviembre 10/2012, La encuesta Penn, Schoen & Berland reveló que la popularidad del expresidente Leonel Fernández ha disminuido de un 43 por ciento en el mes de abril a un 29 en octubre. Mientras aumentó la popularidad del presidente Danilo Medina al pasar de un  47 a un 54 por ciento, en el mismo período de tiempo. Esto según la encuesta que publicó hoy la revista La Lupa Sin Trabas.
Abril 11/2013 una encuesta publicada por la Consultora Mitofsky valoró a Medina con un 89% de aceptación de sus conciudadanos, solamente superado por Rafael Correa, presidente de Ecuador, con un 90%. Correa ganó en primera vuelta las elecciones y logró su reelección.
Conclusión: Fuera de lo que se encuentra escrito en la sentencia debemos observar lo que no se muestra.
Primero: que es una medida tomada para lograr distraer la atención del mundo sobre los casos de corrupción del  último año de gestión de Fernández.
Segundo: es un artificio para acorralar al presidente Medina colocándole ante una situación donde tiene todas las de perder, si acata sentencia tendrá de frente la comunidad internacional y a miles de Dominicanos e instituciones que defienden los derechos ciudadanos. De no acatar la sentencia entonces estaría entrando en contradicción con el tribunal constitucional y desafiando la autoridad de la cual esta investida por la constitución.

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